Uno de los pilares del Estado del Bienestar es la atención sanitaria. En España, este derecho es universal. Así, el artículo 43 de nuestra Constitución, en su apartado 1, afirma: "Se reconoce el derecho a la protección de la salud". Y la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, en su artículo 1, apartado 2, nos indica quienes son los titulares de esto derecho: "Son titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria todos los españoles y los ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia en el territorio nacional".
En la actualidad, estos derechos son reconocidos y garantizados a través de un costoso sistema de sanidad pública cuyos costes alcanza el 6,10% del PIB nacional. Si consultamos el último informe del Sistema Nacional de Salud 2010 elaborado por el Ministerio de Sanidad y Política Social podemos obtener el siguiente cuadro:
Un detalle que llama la atención es que el gasto sanitario anual por habitante de la sanidad privada es significativamente menor. Podría ser esto consecuencia de un simple resultado estadístico, ya que una gran mayoría de la población española no puede acudir a la sanidad privada. Para confirmar estos datos deberíamos acudir a las estadísticas de las entidades aseguradoras privadas. Así, de la web de ICEA obtenemos las siguientes tablas (actualizadas a noviembre de 2010):
Y realizando las operaciones correspondientes podemos comprobar como el gasto medio anual por asegurado es 455 euros, siendo de 430 euros en el caso de la asistencia sanitaria particular y de 539 euros en el caso de la asistencia sanitaria que cubre a los funcionarios.
En la actualidad, estos derechos son reconocidos y garantizados a través de un costoso sistema de sanidad pública cuyos costes alcanza el 6,10% del PIB nacional. Si consultamos el último informe del Sistema Nacional de Salud 2010 elaborado por el Ministerio de Sanidad y Política Social podemos obtener el siguiente cuadro:
Un detalle que llama la atención es que el gasto sanitario anual por habitante de la sanidad privada es significativamente menor. Podría ser esto consecuencia de un simple resultado estadístico, ya que una gran mayoría de la población española no puede acudir a la sanidad privada. Para confirmar estos datos deberíamos acudir a las estadísticas de las entidades aseguradoras privadas. Así, de la web de ICEA obtenemos las siguientes tablas (actualizadas a noviembre de 2010):
(hacer click para aumentar)
Y realizando las operaciones correspondientes podemos comprobar como el gasto medio anual por asegurado es 455 euros, siendo de 430 euros en el caso de la asistencia sanitaria particular y de 539 euros en el caso de la asistencia sanitaria que cubre a los funcionarios.
Teniendo en cuenta que la actual población española, según los últimos datos del 1 de enero de 2010, es de 47.021.031 de habitantes, podemos calcular que el coste total de la atención sanitaria a través de la sanidad privada sería de unos 25.365 millones de euros. Teniendo en cuenta una inflación acumulada del 4,6% entre diciembre del 2007 y diciembre del 2010 y que en torno al 20% del gasto sanitario público corresponde a gastos farmacéuticos (unos 13.340 millones de euros), que salvo hospitalización no son cubiertos por los seguros privados, podríamos obtener un ahorro de 27.996 millones de euros, es decir un 2,7% del PIB. Para hacernos una idea, esto supondría devolver a cada habitante del país unos 595 euros anuales, es decir, que una familia con dos hijos podría obtener 2.832 euros anuales por el ahorro del gasto. Además, al permitir la competencia entre las distintas compañías de seguros conseguiríamos disfrutar de una mejor oferta y libertad de elección ¿Cuál es el motivo para que el Estado no decida cumplir el artículo 43 de la Constitución a través de la sanidad privada? Los funcionarios ya pueden hacerlo.
