¿Cómo analizar las recientes acciones del Gobierno popular yendo más allá de la menor o mayor simpatía que pudiéramos tener por el partido en el poder? El Gobierno socialista ha sido tan devastadoramente perjudicial, intervencionista y liberticida que se podría caer en la tentación de aplaudir las nuevas medidas apartándonos de los principios.
Y uno de esos principios es que los gobiernos deben ser controlados por sistema. Ésta es una de las bases de la democracia liberal. De esta forma, por mucho que se desee creer en las buenas intenciones de cualquier gobierno, no debemos olvidar que estos tienen tendencia a ampliar su ámbito de actuación. Así, deberán ser sus hechos, en lugar de sus posibles intenciones, los que definan su carácter.
Otro de los principios es partir de las premisas propias de la teoría económica que consideremos como correcta y aplicar el razonamiento deductivo correspondiente para juzgar las medias tomadas. Este proceso es un proceso frío y calculador que debería dejar aparte los motivos políticos y el cálculo electoral. Al menos por parte del analista económico. Lo que no significa que debamos ignorar analizar las influencias que esos motivos políticos tengan en las decisiones elegidas por el Gobierno.
Teniendo en cuenta los anteriores principios, analicemos el incremento de impuestos que ha aprobado el Gobierno.
Uno de los objetivos principales del Gobierno es cumplir con las previsiones del déficit. Esto puede hacerse inmediatamente de dos formas: mediante una disminución de los gastos o mediante un aumento de los impuestos. ¿Cuál es la forma más respetuosa con la propiedad privada y la disminución del tamaño del Estado? Es evidente que la disminución de los gastos. Sin embargo, el Gobierno ha optado por una vía más propia de la socialdemocracia que la de un gobierno liberal: aumento de los impuestos y disminución moderada de los gastos. Teniendo en cuenta los ingresos totales por IRPF del ejercicio de 2010, podemos ver que ese incremento de recaudación de 4.111 millones en las rentas de trabajo y 1.246 millones en la renta del capital, supondrían un incremento porcentual de impuestos del 6,40% y del 23,41% respectivamente.
De los anteriores datos cabe destacar dos aspectos:
Y uno de esos principios es que los gobiernos deben ser controlados por sistema. Ésta es una de las bases de la democracia liberal. De esta forma, por mucho que se desee creer en las buenas intenciones de cualquier gobierno, no debemos olvidar que estos tienen tendencia a ampliar su ámbito de actuación. Así, deberán ser sus hechos, en lugar de sus posibles intenciones, los que definan su carácter.
Otro de los principios es partir de las premisas propias de la teoría económica que consideremos como correcta y aplicar el razonamiento deductivo correspondiente para juzgar las medias tomadas. Este proceso es un proceso frío y calculador que debería dejar aparte los motivos políticos y el cálculo electoral. Al menos por parte del analista económico. Lo que no significa que debamos ignorar analizar las influencias que esos motivos políticos tengan en las decisiones elegidas por el Gobierno.
Teniendo en cuenta los anteriores principios, analicemos el incremento de impuestos que ha aprobado el Gobierno.
Uno de los objetivos principales del Gobierno es cumplir con las previsiones del déficit. Esto puede hacerse inmediatamente de dos formas: mediante una disminución de los gastos o mediante un aumento de los impuestos. ¿Cuál es la forma más respetuosa con la propiedad privada y la disminución del tamaño del Estado? Es evidente que la disminución de los gastos. Sin embargo, el Gobierno ha optado por una vía más propia de la socialdemocracia que la de un gobierno liberal: aumento de los impuestos y disminución moderada de los gastos. Teniendo en cuenta los ingresos totales por IRPF del ejercicio de 2010, podemos ver que ese incremento de recaudación de 4.111 millones en las rentas de trabajo y 1.246 millones en la renta del capital, supondrían un incremento porcentual de impuestos del 6,40% y del 23,41% respectivamente.
De los anteriores datos cabe destacar dos aspectos:
- La cuantía total de la subida de los anteriores impuestos supone 5.357 millones de euros. Considerando que la cuantía de las subvenciones públicas en 2010 fue de 12.147 millones de euros, había margen suficiente para no realizar esa subida de impuestos, reduciendo menos de un 50% la cuantía de esas subvenciones. De esta forma, las palabras de José Ignacio Wert, ministro de Educación, Cultura y Deportes, donde afirmaba que acabaría con la cultura de las subvenciones, parece convertirse en papel mojado. Al menos, en este caso.
- Es realmente increíble el incremento porcentual que se pretende en la recaudación del impuesto sobre el ahorro. En una sociedad fuertemente endeudada, donde el ahorro es la solución al problema, el Gobierno parece no darse cuenta de ese detalle.
¿Cuál es el motivo de que el Gobierno haya adoptado el anterior posicionamiento? Parece, en el mejor de los casos, que ha tenido miedo de los efectos que esa disminución del gasto pudiera tener en la economía del país, cayendo una vez más en el posicionamiento keynesiano de que el gasto del Estado podría estimular la economía.
Asimismo, ha optado por los resultados rápidos que podría suponer la utilización de la subida de impuestos recaudados, en lugar de tener fe en la acción privada para reestructurar el sistema productivo. Esta última acción sería más lenta, pero la única sostenible y, sobre todo, más respetuosa con el derecho a la propiedad privada.
Por último, parece no apoyar el posicionamiento teórico que considera que la disminución del consumo nos llevará a una amortización de las deudas y a un incremento del ahorro. Dicho ahorro será invertido en empresas de capital, que nos asegurarán un posterior mayor crecimiento de la economía y del empleo y, por supuesto, un incremento de la recaudación tributaria, aunque para ello debería realizar todos los cambios necesarios para que esas empresas pudieran crearse. Pero eso es otra historia que deberemos analizar.
Enlace recomendados:
La subida del IRPF dará un mordisco a las nóminas a partir del mes de febrero - ABC
Asimismo, ha optado por los resultados rápidos que podría suponer la utilización de la subida de impuestos recaudados, en lugar de tener fe en la acción privada para reestructurar el sistema productivo. Esta última acción sería más lenta, pero la única sostenible y, sobre todo, más respetuosa con el derecho a la propiedad privada.
Por último, parece no apoyar el posicionamiento teórico que considera que la disminución del consumo nos llevará a una amortización de las deudas y a un incremento del ahorro. Dicho ahorro será invertido en empresas de capital, que nos asegurarán un posterior mayor crecimiento de la economía y del empleo y, por supuesto, un incremento de la recaudación tributaria, aunque para ello debería realizar todos los cambios necesarios para que esas empresas pudieran crearse. Pero eso es otra historia que deberemos analizar.
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